Ante una denuncia sobre el comportamiento ético de un cargo público regional, volveríamos a actuar del mismo modo, cívico, responsable y exigiendo transparencia cuando se mantiene una actitud opaca, oscura ante la solicitud de información.

Es la época de mayor opacidad, de menor transparencia, diálogo y falta de información de toda la democracia en el área de protección al consumidor, el desprecio al derecho de las asociaciones a recabar información pública, como ocurre con la información de los curriculum de los cargos públicos, se requiere más crítica, más exigencia y ejemplaridad.

Tras casi un año tratando de obtener determinada información sobre la acreditación de determinados aspectos del curriculum de la Directora General de Consumo y Artesanía, finalmente UCEspaña optó por denunciarlo públicamente y pedir su dimisión, ¿Por qué? Por qué UCEspaña tuvo que elegir entre callar, aún a sabiendas que se le había solicitado una información que, salvaguardando el derecho a la protección de datos personales,  despejaran las dudas sobre su curriculum y su capacitación tal cual lo reflejaba en la página de la carm, o denunciar en paralelo dos cosas, las sospechas de no contar con esa titulación ante la denuncia recibida, sumado a la falta de transparencia al haberle solicitado hace 11 meses, la información de confirmación que pusiera fin a la duda sembrada por la denuncia.

1. Denuncia, sospechas.
2. Silencio y desprecio a la transparencia

Dejar pasar por alto algo tan grave, mereció la pena el esfuerzo activo de insistir en esa denuncia si públicamente acreditaba la señora Moreno esa información.

Ha merecido la pena, no se ha calificado el acto en términos penales, sino políticos y sociales, éticos y tan grave es no contar con la titulación de licenciada en química y el resto de titulaciones, como no explicar públicamente que esa denuncia no se ajustaba a lo que podía acreditar y por lo tanto carpetazo a la misma, ha merecido la pena porque ha forzado por fin a dar la cara.

Proponemos al Gobierno Regional que, en los perfiles de los Cargos públicos, al igual que se informa sobre titulaciones y experiencia profesional, se habilite un mecanismo en el cual, los ciudadanos puedan de manera eficiente y garantizando el derecho a la protección de los datos personales, comprobar o ver acreditado que los títulos que se afirman tener, se tienen en verdad, con certificados de universidades etc. Si se hace con el patrimonio, ¿Por qué no es consecuente hacerlo con las titulaciones y trayectorias profesionales?

Aún quedan muchas informaciones solicitadas que no han sido contestadas por parte de Sonia Moreno, como:

1. Que se nos faciliten las actas que se deben levantar de las reuniones de valoración de proyectos que las diversas asociaciones proponen a la Dirección General de Consumo y Artesanía.
2. Si los cursos que importen funcionarios de nivel jefes de servicio y de sección, financiados por el Ministerio de Consumo, lo hacen en calidad de tales funcionarios o cobran los honorarios independientes de su sueldo.
3. En qué criterio profesional se contrató a una empresa de Alicante, una actividad en el día mundial del consumidor y no a otras que hay en la Región de Murcia, incluidas las asociaciones de consumidores, y por qué no se hizo de manera transparente informando al Consejo Asesor Regional de Consumo.
4. Por qué no se desarrolla el texto refundido de la ley de protección al consumidor, completamente desfasada, de 2008, mientras las reformas de la ley nacional son de 2017.
5. ¿Por qué no se reúnen las comisiones del Consejo Asesor Regional de Consumo, relativas a analizar y debatir la situación de la vivienda en la Región de Murcia?
6. ¿Por qué no se ha constituido en la misma línea la Comisión del Consejo Asesor Regional de Consumo, ¿la Comisión de trabajo relativa al desarrollo normativo, que estudiara y analizara los decretos urgentes de desarrollar para elevar la protección al consumidor y que está previsto incluso en le Ley de protección al consumidor, de 2008?
7. ¿Por qué es la Dirección General de Servicios sociales la que ha subvencionado a Consumur, un servicio de atención al consumidor en pequeñas poblaciones de la Región de Murcia, existiendo los antecedentes suficientes como la existencia del Programa Picasso que se dedica a esa finalidad, y por qué en una Dirección General que no tiene competencias en protección al consumidor, como es la Dirección de Servicios Sociales?
8. ¿Por qué no se actualiza a la nueva realidad el DECRETO N.º 8/1999, de 4 de febrero, por el que se regula el Registro de las Oficinas de Información al Consumidor y Usuario de la Región de Murcia. ¿Completamente desfasado y sin aplicación alguna?
9. ¿Por qué no se reforma el Decreto n.º 1/2006, de 13 de enero, por el que se regula la creación del registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, el establecimiento de las normas por las que ha de regirse el mismo, así como la representación y participación de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se encuentra absolutamente desfasado de la realidad asociativa de consumidores, un decreto que va para 23 años que se promulgó y el desarrollo de las asociaciones de consumidores en la Región de Murcia ha cambiado, así como la propia realidad de las personas consumidoras, sus derechos e intereses, es otro decreto completamente anacrónico y desfasado.
10. ¿Por qué aun estando obligados por la ley de subvenciones de la Región de Murcia, no se realiza un plan estratégico de subvenciones a asociaciones de consumidores a 4 años?

Es esta relación, solo una parte de las peticiones de información dirigidas a Sonia Moreno, que no han sido satisfechas sino por el contrario un constante silencio y opacidad en las mismas.

Destacamos que tras esas posibles respuestas, pueden haber importantes escándalos públicos, denunciamos por lo tanto la opacidad y que reivindicamos nuevamente que UCEspaña continuará denunciando aquellos aspectos a los que no se nos facilite información y consideremos importantes, con el fin de forzar, si los medios se hacen eco de esa denuncia y siempre con el derecho al principio de presunción de inocencia, a que se responda a los requerimientos de las asociaciones de consumidores, amparadas por la ley para realizar dichas solicitudes.