Ante las denuncias de ‘Adictlescentes’, colectivo surgido de un proyecto de innovación
educativa del IES José Planes para prevenir la ludopatía en los/as jóvenes, Esther Nevado,
concejala de sanidad del Ayuntamiento de Murcia, se comprometió en abril del año pasado a
que «en la próxima fiesta, cuando se solicite un permiso de uso de la vía pública, se regulará
mediante decreto que no pueda haber publicidad de casas de apuestas en el mismo.»

Sin embargo, Apuestas de Murcia, empresa de casas de apuestas en numerosas localidades
de nuestra Región, ha vuelto a abrir el desfile del Entierro de la Sardina de este año, al igual
que en 2022; a pesar de que la ley 2/1995 reguladora del juego y apuestas de la Región de
Murcia ya prohíbe, desde enero de 2.000, la publicidad de las actividades de juego y las                                                                        promociones, tales como obsequios, regalos, y, en general, todas las actividades tendentes a                                                                                incentivar la participación en los juegos (Art.9.1).

Es más, el artículo 25.c de dicha ley califica de falta grave «realizar acciones publicitarias de
los juegos y/o apuestas o de los establecimientos en que éstos se practiquen».
El incumplimiento flagrante de esta norma es un ejemplo más de la laxitud y permisividad
con las que el gobierno regional, y en este caso también el Ayuntamiento de Murcia, trata a
las empresas del juego habiendo permitido su despliegue sin ninguna limitación efectiva,
ignorando su obligación de planificar esta actividad teniendo en cuenta, entre otras cosas, la
incidencia social del juego, el número de habitantes o la distancia para su ubicación a
centros educativos (Art51 Reglamento de Apuestas).

El resultado en nuestra Región de esta permisividad intencionada ha sido la mayor tasa de
casas de apuestas de España, 1 por cada 4.000 habitantes, que triplica la media estatal y
multiplica por quince la de Cataluña (1 cada 61.000 habitantes); además de un incremento
de más del 20% en dos años consecutivos (2020 y 2021) en el número de personas que han
solicitado que se les prohíba el acceso a juegos y apuestas. Todo un problema de salud
pública que el gobierno regional ignora y el Ayuntamiento también.

Por cierto, ahora que estamos en campaña, ¿podría explicar López Miras por qué sigue
escondido en un cajón desde 2018 el proyecto de decreto que regula la distancia de las casas
de apuestas a centros educativos?