El Día de la Conmemoración de la Constitución Española no es solo un recuerdo, sino una poderosa reafirmaciónde la misión de las asociaciones de consumidores y usuarios. Su trascendental Artículo 51 no es una sugerencia, sino un mandato contundente, claro e imperativo a las administraciones públicas. Su objetivo principal es la garantía y la seguridad de los ciudadanos, pero a él se une un principio igualmente crucial: el FOMENTO ACTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES.
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aunque nacida del espíritu constitucional, tiene sus raíces en una tragedia nacional que marcó a fuego la conciencia colectiva: el dramático envenenamiento por el aceite de colza. Aquella convulsión social, provocada por la venta de aceite adulterado en los barrios obreros, desveló un vacío humillante de protección mínima. El desarrollismo de la dictadura había ignorado la existencia de una estructura esencial de amparo, prevención y seguridad para la salud y los derechos de la gente.
Fue el visionario Ernest Luch quien, en 1984 —apenas siete años después de la Constitución—, impulsó esta Ley. Él mismo puntualizó la idea motriz en su propio título: «no de defensa del consumidor, sino Para la defensa del consumidor». Esta sutil pero profunda diferencia otorga un carácter activo y colectivo a la sociedad. Es un llamado a la organización conjunta, de ahí el uso del plural en su denominación: la defensa debe ser una empresa social.
Ernest Lluch i Martín (1937-2000).
Economista y político, fue el impulsor fundamental de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 y el artífice de la universalización de la sanidad pública en España. Defensor incansable del diálogo y los derechos sociales, su vida fue trágicamente silenciada al ser asesinado por ETA en noviembre de 2000. Su legado es un contrato social con el ciudadano.
Aquel impulso constitucional sentó las bases: ordenó a ayuntamientos y al Estado un fomento decisivo y contundente de asociaciones representativas, fuertes y unidas.
Sin embargo, en la Región de Murcia, presenciamos la ralentización más decepcionante. Lo que debería ser un motor de avance se ha convertido en un estancamiento catastrófico. La prueba irrefutable es que la Ley Regional de Protección al Consumidor permanece anclada en el año 2008. ¡Un fracaso que clama al cielo! Es el síntoma de una dejadez crónica, un arrinconamiento impropio y totalmente ajeno al espíritu del mandato constitucional.
Ni siquiera la virulencia de la pandemia, que multiplicó los abusos y estafas, ha logrado estimular la adaptación urgente de este marco legal a las exigencias de la Unión Europea y del propio Estado.
La inacción es palpable: se deberían haber articulado decretos que definieran la misión concreta de los ayuntamientos, abordaran sectores críticos como la brecha digital y el comercio electrónico, y garantizaran la independencia efectiva de las asociaciones.
Muy al contrario, el desfase alcanza niveles alarmantes al desaparecer o quedar inoperantes órganos vitales para la aplicación del principio de audiencia y consulta a las asociaciones, tal como ha ocurrido en áreas como comercio, turismo, transporte y vivienda.
📣 Nuestra Reivindicación en el Día de la Constitución
Reivindicamos hoy, en el Día de la Constitución Española de 1978, un despertar urgente y firme.
La política de protección al consumidor es la letra «pequeña» y esencial del Artículo 51; es, en el fondo, un contrato social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con sus ciudadanos. Tras la pandemia, que ha revelado a la Comunidad Autónoma estancada e inoperante en este tema crucial, es imperativo demostrar una voluntad firme, abierta y democrática.
Los nuevos modelos de consumo, con su sofisticada agresividad, las nuevas formas de abusos, estafas, engaños y manipulaciones del mercado global, exigen políticas de protección renovadas y audaces. Necesitamos un consumidor con un papel activo, formado y educado de manera persistente; verdaderos agentes de mercado capaces de enfrentarse a la complejidad de la oferta de multinacionales, comercio electrónico y banca.
Nuestra sensación es que el Artículo 51 de la Constitución no está siendo respetado en la Región de Murcia. No lo reivindicamos solo el 15 de marzo, sino cada día del año.
0 comentarios