En el desarrollo de las distintas campañas de información dirigidas a los usuarios de los servicios de cirugía estética en España, se ha realizado un boicot al supuesto profesional intruso, el doctor Massó, desde el punto de vista de la obligación constitucional, legal y ética que una asociación de consumidores, conocedora de una información que puede y debe ser conocida por el consumidor y usuario, tiene. Información como que un médico esté siendo investigado por presunto delito de homicidio y que las circunstancias que rodean ese presunto homicidio deban ser conocidas por los usuarios.

El Colegio de Médicos de Murcia ha hecho, en el asunto de la muerte de Sara Gómez a manos del señor Massó y el señor Viudez, anestesista, dejación de sus competencias a la hora de abrir un expediente por malas prácticas a ambos médicos. En especial, al doctor Massó por ser el que trata directamente en distintas clínicas privadas, prestando servicios a los usuarios de la medicina estética.

¿Qué haría un usuario o la familia de este si tuviera toda la información que rodea al caso de Sara Gómez y al papel del señor Massó? A juicio de UCE, la respuesta y la conclusión es sencilla: no acudiría a la empresa, clínica o centro en el cual estuviera realizando actividades para las cuales no está cualificado.

Desde el inicio de dichas campañas informativas y de boicot por seguridad, el señor Massó ha presionado y coaccionado a personas particulares y a esta asociación por ejercer su labor. En la última ocasión reciente, el hermano del señor Massó, en representación de este como abogado, ha amenazado con presentar una demanda por coacciones y acoso a esta asociación.

Lo que motiva la denuncia de UCE a los hermanos Massó, en este caso al hermano abogado, representante del primero, es el hecho de haber utilizado un procedimiento ilegal para la obtención de datos personales de miembros de la junta directiva del consejo rector de UCE, haberlos llamado para presionarles y coaccionarles y que influyan en la asociación y su actividad en relación a este asunto para evitar que la organización continúe realizando campañas informativas y de boicot.

Hemos puesto en conocimiento del Colegio de Abogados esta práctica, y la reacción ha sido por entera positiva para atender nuestro requerimiento de la apertura de un expediente al abogado Massó, aportando para ello las pruebas necesarias que ya se le han trasladado a dicho colegio. Estamos a la espera de la respuesta sobre la resolución de apertura del expediente al referido abogado.

Por otro lado y en función de que pueda ser sancionado por esta práctica irregular, esta mala praxis jurídica del señor Massó, UCE procederá a demandarle por la misma causa, entendiendo que al ser la primera vez que ocurre en UCE una situación tan grave, debe quedar el mensaje socialmente claro de que a una asociación de consumidores no se le puede ni debe presionar ni coaccionar para desarrollar su misión y su labor social.

El señor Massó, abogado, podía haberse dirigido a la junta o al consejo rector de la Unión de Consumidores de España para expresar sus inquietudes.

Consideramos alarmante que ambos hermanos tomen la senda de la soberbia, la senda del empuje, de la falta de profesionalidad que va unida a la humildad, el diálogo, la mediación y el arrepentimiento en caso de errores. Es lamentable que esto se produzca como norma habitual tanto en el caso de Sara Gómez como en lo que estamos constatando en este asunto del abogado Massó hacia la Unión de Consumidores de España.