UCE pide a la familia acudir al Defensor del Pueblo como única garantía de independencia.
La Unión de Consumidores de España (UCE) expresa su apoyo absoluto a la familia de Sara Gómez, que continúa luchando para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte tras una intervención sanitaria realizada sin las garantías adecuadas.
La familia ha demostrado una tenacidad admirable, investigando, recopilando información y denunciando públicamente las irregularidades que consideran determinantes en este caso. Su esfuerzo ha puesto de relieve fallos estructurales en el sistema sanitario privado de la Región de Murcia, así como la falta de control administrativo sobre determinadas actividades sanitarias.
Desde UCE denunciamos que el hospital donde se produjo la intervención en la que Sara resultó gravemente herida no contaba con la licencia necesaria para realizar procedimientos de esa naturaleza en el momento de los hechos. La concesión posterior de dicha licencia, en pleno mes de agosto, constituye un hecho que exige explicaciones políticas y administrativas al más alto nivel.
La decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia presentada por la familia, pese al ingente trabajo de recopilación de datos y testimonios realizado por ellos, supone un golpe duro en un proceso ya extremadamente doloroso. Sin embargo, la familia ha demostrado una enorme capacidad para identificar contradicciones, resistencias corporativas y carencias dentro del marco institucional que deberían proteger a los usuarios.
Desde UCE recomendamos formalmente acudir al Defensor del Pueblo, organismo que constituye la única garantía de independencia real en un entorno donde confluyen poderes administrativos, corporativos, económicos y sanitarios que pueden afectar a la objetividad del proceso.
La Región de Murcia lleva décadas arrastrando un modelo sanitario y administrativo influenciado por intereses cruzados, donde decisiones clave —incluidas autorizaciones, controles e inspecciones— requieren una revisión profunda para garantizar la seguridad y los derechos de la ciudadanía.
UCE estará junto a la familia de Sara hasta el final.
Defender su causa es defender la transparencia, la seguridad sanitaria y los derechos de todos los usuarios y usuarias del sistema sanitario, tanto público como privado.
La lucha de esta familia es, hoy, un servicio público y un acto de justicia colectiva.










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