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UCE apoya las movilizaciones de UGT y CCOO por un convenio digno en la sanidad privada
Protest por un convenio justo en sanidad
jueves, Ene 22

Unión de Consumidores de España (UCE), en defensa de los derechos e intereses colectivos y generales de las personas usuarias de la sanidad, apoya las reivindicaciones de los sindicatos UGT y CCOO frente a la precarización estructural que sufre el personal de la sanidad privada.

Tras 15 años con un convenio colectivo anacrónico, el personal sanitario de la sanidad privada se encuentra en una situación de precariedad laboral incompatible con una calidad asistencial exigible por la ciudadanía. Esta situación no solo vulnera los derechos de las trabajadoras y trabajadores, sino que repercute directamente en la atención que reciben las personas usuarias.

Es público y notorio que grandes grupos privados del sector sanitario, como Ribera Salud —entre otros como Quirón—, priorizan el beneficio económico por encima de la calidad asistencial, con la complicidad del Gobierno Regional. Este modelo, basado en la avaricia empresarial y sostenido con dinero público, tiene un objetivo claro: avanzar en la privatización progresiva de la sanidad pública.

Desde UCE denunciamos que la calidad, la seguridad y la garantía asistencial para las personas usuarias no son compatibles con un modelo que explota laboralmente al personal sanitario, salvo que la autoridad sanitaria imponga y haga cumplir estándares obligatorios en materia de condiciones laborales, instalaciones, equipamientos y recursos materiales.

Esta exigencia es aún más urgente en el caso de hospitales y centros privados concertados, que reciben financiación pública y, por tanto, tienen la obligación de garantizar una atención sanitaria digna, segura y de calidad, así como condiciones laborales justas para su personal.

Por todo ello, UCE participará activamente en los actos de reivindicación y movilización por un convenio laboral actualizado para el personal sanitario de la sanidad privada, manteniendo su compromiso hasta que la justicia social, la dignidad profesional y los derechos laborales queden plenamente garantizados.

La defensa de una sanidad de calidad pasa necesariamente por la defensa de quienes la hacen posible.

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