​La Unión de Consumidores de España exige penas de cárcel e inhabilitación inmediata para los médicos, comerciales y directivos implicados en la red.
​La organización califica los hechos de «atentado intolerable contra la salud pública» y exige una auditoría urgente a los centros hospitalarios afectados.
Murcia, 21 de mayo de 2026 – La Unión de Consumidores de España (UCE) anuncia hoy su personación oficial como acusación popular en el procedimiento judicial abierto contra la trama criminal que ha introducido, distribuido e implantado material sanitario y prótesis sin homologación legal en pacientes del sistema sanitario.

UCE,  formaliza esta acción judicial con el objetivo inequívoco de desmantelar la red corrupta en su totalidad, exigiendo las máximas penas de prisión, multas económicas severas y la inhabilitación fulminante de todo el personal médico y gestor que haya priorizado el lucro económico personal a costa de la vida y la integridad física de los ciudadanos.

​Un entramado criminal en el corazón de la sanidad.

​A tenor de las investigaciones preliminares, UCE considera que no nos encontramos ante un error administrativo aislado, sino ante una auténtica trama organizada con ramificaciones comerciales y médicas. La red burló deliberadamente los controles de seguridad, falsificó presuntamente los marcados de homologación europea (CE) y colocó dispositivos médicos no aptos para el cuerpo humano, mediando el cobro de comisiones ilegales y mordidas.
​»Es un acto de una mezquindad absoluta. Que profesionales de la medicina, que han jurado proteger la vida de sus pacientes, se confabulen con comisionistas para introducir material ilegal en un quirófano es un atentado flagrante contra la salud pública», ha declarado la portavocía de UCEspaña. «Vamos a llegar hasta el final para que cada miembro de esta trama, desde el comercial que vendió el producto hasta el cirujano que lo implantó a sabiendas, acabe en prisión».

Exigencias inmediatas de UCE al Ministerio y Consejerías de Sanidad
​Ante el alarmante riesgo sanitario, la Unión de Consumidores de España exige la activación urgente de un protocolo de crisis que incluya:
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Auditoría física y rastreo inmediato: La identificación urgente, mediante el código de barras y lote de la tarjeta de implantación, de todas y cada una de las personas afectadas que porten este material ilegal.
​Retirada segura y coste cero: Que las clínicas y los Servicios de Salud autonómicos asuman de forma inmediata todos los costes de las reintervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y tratamientos de reparación que precisen los afectados.
​Responsabilidad civil subsidiaria: UCE litigará para que los centros hospitalarios respondan económicamente de forma solidaria por su grave falta de control en las cadenas de suministro y quirófanos.

​Llamamiento a los afectados
​UCE hace un llamamiento público a todos los pacientes que sospechen haber sido intervenidos por los facultativos investigados o en los centros señalados por la trama.

UCE insta a los ciudadanos a solicitar de forma inmediata su historial clínico completo y la tarjeta del implante, y pone a su disposición sus delegaciones para unificar la acción judicial bajo una defensa coordinada y contundente.
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