La Unión de consumidores de España-UCE registra formalmente la queja N.º 26079559 en Madrid tras constatar la inactividad sistemática del Consejo Asesor Regional de Vivienda desde 2022 y la falta de consulta real a los municipios de la Región.

Unión de Consumidores de España en la Región de Murcia (UCE-RM) ha dado un paso al frente en la defensa de los derechos de los consumidores y la participación ciudadana al acudir formalmente ante el Defensor del Pueblo en Madrid (con número de expediente de entrada 26079559). La entidad denuncia graves irregularidades y vicios procedimentales en la elaboración del Decreto-Ley 3/2026, de 3 de julio, de Vivienda Asequible.

Desde la organización de consumidores señalamos que la tramitación de urgencia utilizada por el Ejecutivo autonómico ha vulnerado el procedimiento administrativo reglado al prescindir del trámite preceptivo de audiencia a los agentes sociales y a las entidades locales afectadas.

El Consejo Asesor Regional de Vivienda, bloqueado desde 2022

La UCE-RM, que ostenta la condición de miembro por derecho propio del Consejo Asesor Regional de Vivienda, denuncia que este órgano consultivo colegiado no es convocado de forma reglada desde febrero de 2022. Para la asociación, mantener inoperante este cauce institucional de participación pública precisamente cuando se aprueban reformas de calado estructural en materia de vivienda supone anular deliberadamente los mecanismos de control social.

Desde los servicios jurídicos de la UCE-RM se advierte de que la simple publicación del texto durante apenas 9 días en el Portal de Transparencia no sustituye en ningún caso el derecho de audiencia de un órgano consultivo estatuido por ley. Esta omisión constituye un vicio determinante que fundamenta la impugnación de la norma por indefensión de la ciudadanía.

Inexistencia de consenso municipal

A la falta de participación social se suma el desmontaje de la versión oficial respecto al respaldo de las entidades locales. Tras consultas directas realizadas por la UCE-RM con responsables municipales, se ha constatado que los ayuntamientos no han sido consultados ni han emitido informe técnico o dictamen alguno con carácter previo a la aprobación de la norma el pasado 3 de julio.

La organización subraya que no es admisible invocar un inexistente consenso institucional cuando en el expediente administrativo no constan las consultas ni las alegaciones de los municipios afectados.

UCE califica de «atropello a la participación ciudadana» la convalidación del Decreto-Ley de Vivienda Asequible efectuada por la Diputación Permanente de la Asamblea Regional en pleno periodo extraordinario.

Esta maniobra parlamentaria confirma la prisa del Ejecutivo autonómico por dar luz verde a una norma que nace con severos vicios de nulidad procedimental. Pese a este paso, la UCE-RM mantiene plenamente firme su queja formal ante el Defensor del Pueblo en Madrid (Expediente N.º 26079559) y las peticiones de transparencia ante la Consejería de Presidencia.