Juana Pérez y el gobierno regional dieron un golpe de mano ilegal para desalojar por las bravas a UCEspaña del consejo económico y social.
Su misión en el Consejo de la Transparencia es ser instrumento de Isabel Franco López en el mismo, no considera esta entidad que Juana Pérez represente con dignidad los intereses de los consumidores y usuarios sino a sí misma y los intereses espurios de Franco.
Juana Pérez ya lleva tiempo recibiendo el pago por servicios prestados, en subvenciones de diversos departamentos y en el desfile de premios que Franco le ha otorgado, para alimentar esa complicidad malsana.
Las asociaciones de consumidores tienen el mandato legal de ejercer su misión constitucional, con total independencia de poderes, incluidos los políticos y gubernamentales.
Juana Pérez es un obstáculo para la defensa en el Consejo de la exigencia y el derecho de la ciudadanía de transparencia, en el mercado de consumo y las administraciones públicas, o sea cumplir la ley y los principios éticos de las asociaciones de consumidores, es por todo ello que consideramos esperpéntico su sola presencia en el Consejo.
Como es posible que, en lugar de defender el derecho de acceso a la información pública de los consumidores, en un tema tan delicado como los que se vacunaron del COVID-19 fuera de turno, Juana Pérez votara junto al gobierno para NO dar esa información.
Su repentina salida a escena en la ilegítima intervención que Franco y su gobierno de tránsfugas han realizado con la «ilegalización» vía Decreto Ley de la Sede Electrónica del Consejo, está ejecutando una institución garante de un derecho fundamental: El acceso a la información pública.
Para acabar de dinamitar este órgano vital en una verdadera fiscalización y respuesta a la ciudadanía, Juana Pérez se lanza como marioneta de Franco.
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