La consejería de empresa ha engullido en competencias tales, para uso y disfrute de la Confederación de Organizaciones de Empresas de la Región de Murcia y la Federación Regional de Empresarios del Metal, a la Dirección General de Protección al consumidor y artesanía.

Se descuelga en nombre de la Consejera, que no da la cara para ello con la Directora General, Sonia Moreno, en una foto echa publica sobre la inclusión, en los medios portavoces del gobierno regional que son casi todos y con el título de:

Las compañías del sector de la construcción de la Región ya tienen el sello ‘Empresa de confianza’ 

La penosa legislatura desperdiciada en materia de protección al consumidor, se caracteriza por el reparto de premios y sellos a mansalva, pero es obvio que se trata de cascarones sin consistencia, irresponsables y solo de cara a la galería, igual se hiciera en su momento con el gremio de los cerrajeros que genera a diario docenas de quejas y denuncias por abusos en los precios en determinadas situaciones de urgencias, en especial nocturnas.

¿Alguien con sentido común se ha parado a pensar que existe una Comisión en el Consejo Asesor Regional de Consumo, sobre las autorregulaciones y buenas practicas, jamás reunido?

¿Alguien con un mínimo de responsabilidad se ha parado a pensar que esa venta banal no se puede ubicar tan a la ligera sin explicar cuáles son esas buenas practicas?

¿Alguien con sentido del ridículo en esa consejería se ha parado a pensar en exponer en qué consisten esas buenas practicas, con transparencia y rigor?

Las altas cifras de reclamaciones en materia de la construcción, lo son por incumplimiento de calidades y por los malos acabados en las mismas, por la solicitud de dinero negro como entradas y por cambios unilaterales en estructuras, cuando la vivienda se compra sobre plano.

¿De qué estamos hablando, de cumplir la ley, de situarse en el marco del cumplimiento leal de los contratos con los compradores de esa vivienda?

¿Estamos hablando de no abusar en los precios? ¿Estamos hablando de reunir a la Comisión de Vivienda de la Consejería competente que lleva años sin reunirla, estamos hablando de dar cuenta del balance en el cumplimiento del plan de vivienda?

Pues si no se trata de esto, ¿de qué se trata?

A juicio de UCEspaña se trata de extraer la última gota al limón, al servicio de FREMM y CROEM, de las competencias de Protección al consumidor, en realidad son ellos los que se llevan el gato al agua en esa Dirección General.

Para lo les queda en el convento…pero no hay derechos cuando se incumplen sistemáticamente procedimientos consultivos de primer orden, de mandato constitucional.

Lo mismo vale gastar alegremente dinero en viajes inútiles pero que dan foto, con quien se presta a ello, que conceder premios absurdos en un área como es protección al consumidor en donde tantas normas se pueden actualizar y desarrollar y no se hace, en un área que no cuenta con un texto refundido de la ley regional de protección al consumidor del 2008 y actualizarla a las últimas reformas y ampliaciones para mejora de la eficacia y eficiencia tras la pandemia, de hasta 2017 y posteriores.

De reformas de Decretos arcaicos como el Decreto de Oficinas de Consumo del año 1999, de la elaboración por mandato ley de subvenciones del estado y la propia comunidad, un plan estratégico de subvenciones a 4 años vista, que no existe, o de un propio plan estratégico de protección al consumidor, inmerso en el plan estratégico regional, o de sometimiento a consulta de la ley de presupuestos, al dictamen del Consejo Asesor Regional de Consumo, o igualmente a la orden de subvenciones a las asociaciones de consumidores, o hacer transparente las actas de valoración de los proyectos a subvencionar, o la inclusión en dicha orden del concepto nacional de “Fomento de las asociaciones de consumidores” y no solo de actividades puntuales, un diálogo mínimo con las asociaciones y cumplimiento del decreto de representación de las asociaciones de consumidores…

O la publicación, tal y como manda la ley, de las empresas sancionadas tras la incoación de expediente sancionador por la inspección de consumo y que se mantiene oculto.

No cabe en una sola información en esta respuesta a tan disparatada noticia.

Solo permanecemos impotentes a la espera de que se renueven los equipos de este centro directivo, y se tenga un criterio no partidista que, sobre todo, prime la profesionalidad jurídica que dé cumplimiento y coherencia a un área tan importante para la ciudadanía, su protección como en la seguridad y la garantía de cumplimiento mediante procedimientos eficaces, de los derechos de los consumidores y usuarios.

Una comunidad que cuenta con competencias plenas en la materia y que es incapaz de implicar a Ayuntamientos, asociaciones…en un modelo y un proyecto de protección, de educación e información a las personas consumidoras.

Todo un desatino continuo y sobre todo, de una falta de trabajo.